Las cuentas en Suiza y el modelo de país
Los tres poderes del Estado tienen la oportunidad histórica de
lograr un avance sin precedentes en progresividad tributaria y equidad
contributiva si terminan con la evasión y las redes de lavado en las que
participan sofisticadas plataformas bancarias.
En estos días se dio a conocer la existencia de 4040 cuentas pertenecientes a empresas y ciudadanos argentinos en el banco HSBC de Ginebra, Suiza, la mayoría de ellas no declaradas ante la AFIP para evadir el pago del impuesto a las ganancias, bienes personales e IVA.
El delito de asociación ilícita tributaria denunciado, cuya pena máxima es de diez años de prisión, se remonta al período fiscal 2006 y, según el organismo, equivale a un monto de evasión total estimada de $ 61.915 millones.
Lo primero para destacar es que este tipo de estructuras ilícitas complejas, vendidas como servicios vip para facilitar el delito de evasión de grandes clientes, la fuga de capitales al exterior y el posterior lavado de dinero, no debe sorprendernos. La justicia tiene actualmente en sus manos causas emblemáticas en este sentido que involucran a otros bancos en operatorias similares. Esto nos muestra indicios fuertes de que estamos en presencia de una gran red dedicada a facilitar la evasión fiscal y al lavado de dinero de grandes contribuyentes, a través del uso de servicios bancarios como actividad pantalla.
Estos estructuradores de la evasión y el lavado ofrecen, como “servicio de administración de cuentas de banca privada de inversión”, una plataforma transnacional de sucursales bancarias para transferir al exterior fondos sin declarar y resguardarlos en cuentas protegidas por un celoso secreto bancario.
Cuando el cliente necesita blanquear el dinero fugado, el banco realiza una transferencia a su favor, simulando el otorgamiento de un préstamo. Para dar apariencia de licitud al origen de estos fondos suelen realizar contratos con garantías que involucran desde una carta de crédito hasta avales de otros bancos o empresas vinculadas. Dichas operaciones ilícitas, denominadas en la jerga de la criminalidad económica auto préstamo o “back to back”, se utilizan para lavar el dinero simulando un crédito que el evasor jamás cancela, ya que el banco se cobra con el dinero en negro que éste tiene oculto en el paraíso fiscal.
En el caso puntual de las cuentas encontradas en el HSBC es difícil, con la información disponible, aventurar el destino final de estos fondos detectados en 2006. Una posibilidad es que los mismos continúen ocultos en dichas cuentas, en cuyo caso el delito de evasión se extiende a años posteriores y el monto involucrado se puede multiplicar hasta por siete veces. La otra posibilidad es que fueran lavados con fecha posterior, a través de mecanismos como el “back to back”, en cuyo caso se agrega al delito de evasión el de lavado de dinero. Una tercera posibilidad es que los fondos hayan regresado posteriormente al país en forma oculta, para alimentar operaciones cambiarias ilegales realizadas en el mercado paralelo de las cuevas. En este último caso el monto evadido se multiplica en inversiones financieras ilegales, dañando aún más el orden económico y financiero.
Quedará a la justicia y a los organismos de control del Estado, como la AFIP, la UIF, el BCRA y la PROCELAC investigar el ilícito y solicitar las medidas cautelares necesarias para evitar el vaciamiento de las cuentas. Recordemos que este tipo de evasión agravada tiene un período de prescripción de diez años, de los cuales ya se han cumplido ocho. Si pasado este plazo no se llama a indagatoria a los posibles imputados, la causa prescribiría y el delito de guante blanco por excelencia en la Argentina quedaría nuevamente impune.
Los tres poderes del Estado tienen la oportunidad histórica de dar un golpe de progresividad tributaria y equidad contributiva sin precedentes en el sistema impositivo argentino. Esto es posible obligando a que todos cumplan con sus obligaciones tributarias.
Un Estado fuerte es aquel que recauda mayoritariamente de los que más tienen para brindar cobertura social a los que tienen menos.
Los voceros del poder económico pregonan bajar el gasto público en protección social, sueldos, salud y subsidios, antes que pagar los impuestos que les corresponden.
Pretenden instalar la idea de que los problemas presupuestarios en la Argentina provienen del gasto de un Estado populista, evitando así discutir el problema de fondo, que es una estructura recaudatoria y judicial subdesarrollada para combatir la evasión tributaria y la fuga de capitales de los grandes contribuyentes.
Se suelen señalar las deficiencias que tiene nuestro país en materia de infraestructura y vivienda popular desde hace más de 30 años. Hoy tenemos la posibilidad de avanzar un paso más en la reconstrucción de un Estado justo y financieramente bien sustentado.
La presidenta de la Nación fue clara con los números, este caso de corrupción privada le significó al país falta de fondos para, por ejemplo, “construir 200 hospitales de 140 camas, equipados con tecnología de última generación, a un costo de 300 millones de pesos cada uno”, para “27 años de todo el Programa Nacional de Vacunación, y para asegurar la provisión de leche en polvo que distribuye el Ministerio de Salud a las provincias durante 50 años”, entre otros ejemplos. El caso del HSBC es una pequeña muestra del nivel de fuga, evasión fiscal y potencial lavado de dinero que existe en la Argentina desde el golpe de Estado de 1976. Recordemos que el 2006 es el año que precede a una fuga de capitales cercana a los U$S 80.000 millones.
La disputa entre los dos modelos de país está explicitada con claridad. Ante la decisión de un Estado fuerte, con presencia en la economía, financiado en forma genuina, justa y sustentable, confronta el proyecto de un Estado reducido a su mínima expresión, sin poder de fuego frente a los grupos concentrados y financiado por los que menos tienen, a través de impuestos al consumo, o con deuda externa, para no cobrar a los ricos los tributos que les corresponde pagar.
Ahora el poder judicial definirá con su accionar, activo o pasivo, el poder real que tiene el Estado para perseguir y sancionar los delitos de guante blanco.
En estos días se dio a conocer la existencia de 4040 cuentas pertenecientes a empresas y ciudadanos argentinos en el banco HSBC de Ginebra, Suiza, la mayoría de ellas no declaradas ante la AFIP para evadir el pago del impuesto a las ganancias, bienes personales e IVA.
El delito de asociación ilícita tributaria denunciado, cuya pena máxima es de diez años de prisión, se remonta al período fiscal 2006 y, según el organismo, equivale a un monto de evasión total estimada de $ 61.915 millones.
Lo primero para destacar es que este tipo de estructuras ilícitas complejas, vendidas como servicios vip para facilitar el delito de evasión de grandes clientes, la fuga de capitales al exterior y el posterior lavado de dinero, no debe sorprendernos. La justicia tiene actualmente en sus manos causas emblemáticas en este sentido que involucran a otros bancos en operatorias similares. Esto nos muestra indicios fuertes de que estamos en presencia de una gran red dedicada a facilitar la evasión fiscal y al lavado de dinero de grandes contribuyentes, a través del uso de servicios bancarios como actividad pantalla.
Estos estructuradores de la evasión y el lavado ofrecen, como “servicio de administración de cuentas de banca privada de inversión”, una plataforma transnacional de sucursales bancarias para transferir al exterior fondos sin declarar y resguardarlos en cuentas protegidas por un celoso secreto bancario.
Cuando el cliente necesita blanquear el dinero fugado, el banco realiza una transferencia a su favor, simulando el otorgamiento de un préstamo. Para dar apariencia de licitud al origen de estos fondos suelen realizar contratos con garantías que involucran desde una carta de crédito hasta avales de otros bancos o empresas vinculadas. Dichas operaciones ilícitas, denominadas en la jerga de la criminalidad económica auto préstamo o “back to back”, se utilizan para lavar el dinero simulando un crédito que el evasor jamás cancela, ya que el banco se cobra con el dinero en negro que éste tiene oculto en el paraíso fiscal.
En el caso puntual de las cuentas encontradas en el HSBC es difícil, con la información disponible, aventurar el destino final de estos fondos detectados en 2006. Una posibilidad es que los mismos continúen ocultos en dichas cuentas, en cuyo caso el delito de evasión se extiende a años posteriores y el monto involucrado se puede multiplicar hasta por siete veces. La otra posibilidad es que fueran lavados con fecha posterior, a través de mecanismos como el “back to back”, en cuyo caso se agrega al delito de evasión el de lavado de dinero. Una tercera posibilidad es que los fondos hayan regresado posteriormente al país en forma oculta, para alimentar operaciones cambiarias ilegales realizadas en el mercado paralelo de las cuevas. En este último caso el monto evadido se multiplica en inversiones financieras ilegales, dañando aún más el orden económico y financiero.
Quedará a la justicia y a los organismos de control del Estado, como la AFIP, la UIF, el BCRA y la PROCELAC investigar el ilícito y solicitar las medidas cautelares necesarias para evitar el vaciamiento de las cuentas. Recordemos que este tipo de evasión agravada tiene un período de prescripción de diez años, de los cuales ya se han cumplido ocho. Si pasado este plazo no se llama a indagatoria a los posibles imputados, la causa prescribiría y el delito de guante blanco por excelencia en la Argentina quedaría nuevamente impune.
Los tres poderes del Estado tienen la oportunidad histórica de dar un golpe de progresividad tributaria y equidad contributiva sin precedentes en el sistema impositivo argentino. Esto es posible obligando a que todos cumplan con sus obligaciones tributarias.
Un Estado fuerte es aquel que recauda mayoritariamente de los que más tienen para brindar cobertura social a los que tienen menos.
Los voceros del poder económico pregonan bajar el gasto público en protección social, sueldos, salud y subsidios, antes que pagar los impuestos que les corresponden.
Pretenden instalar la idea de que los problemas presupuestarios en la Argentina provienen del gasto de un Estado populista, evitando así discutir el problema de fondo, que es una estructura recaudatoria y judicial subdesarrollada para combatir la evasión tributaria y la fuga de capitales de los grandes contribuyentes.
Se suelen señalar las deficiencias que tiene nuestro país en materia de infraestructura y vivienda popular desde hace más de 30 años. Hoy tenemos la posibilidad de avanzar un paso más en la reconstrucción de un Estado justo y financieramente bien sustentado.
La presidenta de la Nación fue clara con los números, este caso de corrupción privada le significó al país falta de fondos para, por ejemplo, “construir 200 hospitales de 140 camas, equipados con tecnología de última generación, a un costo de 300 millones de pesos cada uno”, para “27 años de todo el Programa Nacional de Vacunación, y para asegurar la provisión de leche en polvo que distribuye el Ministerio de Salud a las provincias durante 50 años”, entre otros ejemplos. El caso del HSBC es una pequeña muestra del nivel de fuga, evasión fiscal y potencial lavado de dinero que existe en la Argentina desde el golpe de Estado de 1976. Recordemos que el 2006 es el año que precede a una fuga de capitales cercana a los U$S 80.000 millones.
La disputa entre los dos modelos de país está explicitada con claridad. Ante la decisión de un Estado fuerte, con presencia en la economía, financiado en forma genuina, justa y sustentable, confronta el proyecto de un Estado reducido a su mínima expresión, sin poder de fuego frente a los grupos concentrados y financiado por los que menos tienen, a través de impuestos al consumo, o con deuda externa, para no cobrar a los ricos los tributos que les corresponde pagar.
Ahora el poder judicial definirá con su accionar, activo o pasivo, el poder real que tiene el Estado para perseguir y sancionar los delitos de guante blanco.
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